El verano de 2019, tuve la oportunidad de formar parte de la Brigada de Solidaridad en Colombia en el marco de las acciones de educación para la justícia global que promueven la Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO. Esta experiencia me permitió conocer, de primera mano, las problemáticas sociales que llevaron al país a un conflicto que no parece que tenga solución a corto plazo.

Para comprender mínimamente el conflicto armado colombiano, que dura ininterrumpidamente desde 1958, hace falta poner el foco en las grandes desigualdades existentes entre las zonas urbanas y rurales del país, tanto a nivel regional como estatal.

A nivel continental, según las cifras del Banco Mundial, el año 2017 Colombia era el segundo país más desigual de América Latina, por detrás de Brasil, y el séptimo del total de 194 países que hay en el mundo.

A nivel estatal, desde 2002, han disminuido los índices de pobreza, pero ha augmentado la brecha de desigualdad, ya que el 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. Respecto a la pobreza monetaria, oficialmente se estima que 13 de los 50 millones de colombianos viven en condición de pobreza monetaria, y una cuarta parte de los cuales, en condiciones de pobreza extrema.

A nivel interno, las desigualdades entre las diversas regiones también son bien exageradas: mientras que en el departamento de Cundinamarca (Bogotá) la pobreza afecta a menos del 20% de la población, en la mitad de los departamentos del país se sobrepasa el lindar del 40% de personas empobrecidas.

Por otro lado, el Índice de Pobreza Multidimensional que relaciona 15 indicadores que tienen que ver con las condiciones educativas, las condiciones de los infantes y de la juventud, el trabajo, la salud y las condiciones de vivienda y los servicios públicos marca diferencias muy acentuadas entre las zonas urbanas y rurales. Aún así, en buena parte de los departamentos colombianos la pobreza multidimensional afecta a más del 40% de la población.

La colonización moderna del Meta y del Guaviare

Siempre está bien mirar hacia el pasado para comprender mejor el presente que nos toca vivir. Me centraré en los departamentos que visité durante la Brigada.

Desde finales del siglo XVIII, los Llanos Orientales eran considerados, por parte de aquellos individuos que se movían al margen de la ley, como el espacio ideal para eludir la acción de las justicias ordinarias. Esta situación ya fue descrita por el geógrafo Alexander Von Humboldt en sus viajes de exploración efectuados en la zona,1 y propició la creación de comunidades en zonas de frontera que fueron reproduciendo las dinámicas económicas y sociales de sus regiones de origen y creando nuevas formas de control sobre estos territorios.

A pesar de esto, es a partir de mediados del siglo XX que la población del Meta y del Guaviare experimenta un proceso de immigración importante. En el caso del Guaviare, la primera ola de poblamiento llega durante la década de los 600, cuando desde el Gobierno se promueve activamente la colonización para establecer ganadería vacuna, plantaciones de cacao y el fomento de la pesca. Progresivamente, se intensifica el ritmo de ocupación y colonización a medida que aumentan los desplazamientos forzados como consecuencia del aumento de la violencia en el interior del país. La siguiente ola migratoria, más masiva, fue la colonización para cultivar la coca, la cual ha sido el modus vivendi de la región desde entonces y la única actividad de subsistencia factible y viable para la clase campesina.

En el caso del Meta, la evolución de los sucesos es suficientemente parecida. El año 1950 tenía 67.492 habitantes. Esta población se fue doblando década a década y en el año 1986 ya sumaba 474.046 habitantes. Desde entonces, la población se ha duplicado de nuevo, contabilizando 979.683 habitantes en el año 2016, la mitad de los cuales residían en la capital departamental, Villavicencio. El Meta tiene el agravante respecto al Guaviare de ser una de las regiones más fructíferas por lo que se refiere a recursos minerales y energéticos, predominando la extracción de gas y petróleo. Y este es un factor que acentúa las tensiones entre el Estado y la población campesina. También destaca por su “carne llanera”, una de las más exquisitas del país; y, como en el caso de Guaviare, para sus potencialidades agrícolas, completamente desaprovechadas a causa de la inoperancia estatal.

En las últimas décadas, cabe destacar los sucesivos desplazamientos forzados que han ido sufriendo las familias campesinas a causa de la represión, el conflicto armado y el narcotráfico, claramente agraviados por la falta de reconocimiento legal de sus posesiones de tierra y de sus viviendas, hecho que les ha supuesto tener que empezar de cero una y otra vez.

Vulneración generalizada de los derechos más fundamentales

La vulneración de los derechos de la población campesina colombiana es inacabable: el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, a la libertad de movimiento, derechos laborales, derecho a la justicia, derechos culturales, derechos ambientales… y el derechos a la vida. Esta vulneración afecta especialmente en el caso de ser mujer o formar parte de comunidades indígenas.

En la práctica, todo el campo de aplicación de los derechos humanos desde 1948 ha sido dominado por la separación interpretativa entre los derechos civiles y políticos (derechos de segunda generación), por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales (derechos de segunda generación), por el otro. Como apunta David Harvey en su libro Spaces of Hope (2000), una consecuencia de la globalización y del ascenso de muchas formas de capital multinacional y transnacional es dificultar cada vez más el sostenimiento de una separación tan estricta.

La cuestión de los derechos económicos ya domina la agenda de cualquier replanteamiento de los derechos universales y emergen día a día formas de lucha de clases que tienen precisamente como objetivo introducir los derechos económicos en el ámbito general de consideración de los derechos humanos. La lucha por conseguir que las instituciones transnacionales se responsabilicen de estas cuestiones es ya un objetivo habitual. En el caso de Colombia, la reacción pública y las movilizaciones contra el fracking son un buen ejemplo.

El derecho al desarrollo geográfico desigual, a construir diferentes formas de asociación humana caracterizadas por leyes, normas o costumbres diversas en una variedad de escalas sería, según Harvey, un derecho tan fundamental como cualquier otro. Un argumento que contrapone el derecho a la diferencia con la universidad de los derechos.

Estas son las reivindicaciones que están planteando muchas comunidades indígenas por todas partes y que tienen que ver con el concepto de “dignidad” y con el derecho universal de ser tratadas con respeto. Reivindicaciones basadas también en la localidad, el enraizamiento y la historia cultural que resaltan su situación particular como colectivo.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMG), desde el inicio formal de la guerra (1958), el conflicto armado colombiano habría dejado 262.197 víctimas mortales: 215.005 civiles (82%), enfrente a 46.813 combatientes. 94.754 muertes atribuidas a los grupos paramilitares (68%), 35.683 a las guerrillas y 9.804 a agentes del Estado, entre otros responsables. 80.514 desaparecidos, 70.587 de los cuales sin notícias; 37.094 vícitmas de secuestro, 15.687 de violencia sexual y 17.804 menores reclutados (de menos de 18 años).

Los registros estadísticos del conflicto armado colombiano bailan considerablemente en función de las fuentes consultadas. Al menos, estos datos nos ilustran sobre el alcance y la magnitud de esta tragedia. Desde la firma de los Acuerdos de Paz de la Haban (2016), la cifra de exguerrilleros y exguerrilleras de las FAR, así como de líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinados no ha parado de crecer. Al finalizar el 2019, Naciones Unidas cuantificaba las víctimas en 173 y 303, respectivamente. La falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia.

El soporte internacional de base como motor de cambio

La Brigada de Solidaridad en Colombia cuenta con dos entidades locales que trabajan estrechamente con la Associació Catalana per la Pau sobre el terreno: la Fundación para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Centro y Oriente Colombiano (DHOC) y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB). Durante una parte del trayecto, también nos acompañó la organización International Action for Peace (IAP), que, entre otras tareas, efectúa acompañamiento internacional a organizaciones sociales.

El DHOC es una organización que vela por la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el oriente colombiano, y que trabaja en la defensa del derecho a la tierra y en la construcción de paz. Por su lado, el trabajo del Colectivo OFB se centra en investigar y denunciar los casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales yen ofrecer soporte psicológico y jurídico a las familias de las víctimas de casos de falsos positivos2.

Las vivencias experimentadas durante las tres semanas que se alargó la Brigada de Solidaridad fueron del todo inolvidables. Intensas, duras, emotivas y gratificantes a la vez.

En Meta, con el colectivo OFB tuvimos que mantener multitud de coloquios con campesinos y campesinas y personas líderes sociales, víctimas de desplazamientos forzados y/o con familiares desaparecidos. Con algunos de ellos visitamos dos de los cementerios que se encuentran en fase de exhumación e identificación de fosas comunes con casos de falsos positivos (Villavicencio y Vistahermosa). También mantuvimos encuentros con personas pertenecientes a colectivos, como la Unión de Mujeres Demócratas (UMD) o el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

En el Guaviare, de la mano de la fundación DHOC, nos reunimos con campesinos, personas dirigentes de las Juntas de Acción Comunales y con exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC residentes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETVR) de Colinas y Chicharras, con los cuales debatimos sobre todo el estado de los Acuerdos de Paz.

La situación que pude palpar sobre el terreno es realmente desesperante y desoladora. Porque ahora mismo no se vislumbra demasiada esperanza en el horizonte para el conjunto de campesinos y excombatientes que voluntariamente decidieron acogerse a los Acuerdos de Paz. Los primeros, arrancando las pequeñas hectáreas de matas de coca que tenían para sobrevivir. Los segundos, accediendo a abandonar el conflicto armado, devolviendo las armas. Me dió la sensación que se encontraban en un camino sin salida, en una emboscada, que se alargaría tanto como deba durar el calendario de implementación.

Tristemente, y una vez más, el actor que incumple con la firma de los Acuerdos es el gobierno colombiano. Y, por extensión, el Estado, ya que són unos acuerdos de país, en los cuales se han involucrado muchos actores nacionales e internacionales. Unos Acuerdos de Paz que ciertamente ya nacieron debilitados después del plebiscito perdido el año 2016. Seguidamente, la derrota de Juan Manuel Santos enfrente al uribista Ivan Duqeu fue la gota que colmó el vaso, si tenemos en cuenta que el actual presidente había sido uno de los directores de la campaña del NO.

Los Acuerdos se articularon alrededor de la llamada ‘Agenda de la Habana’, que acabó incluyendo seis puntos: (1) Reforma Rural Integral; (2) Participación política; (3) Finalización del conflicto; (4) Solución al problema de drogas ilícitas; (5) Reconocimiento y reparación de las víctimas; y (6) Implementación, verificación y refrendación.

Uno de los puntos que no habían sido tratados en acuerdos de paz anteriores es el del reconocimiento y reaparición de las víctimas. Y en este apartado probablemente han habido avances importantes. Todo el trabajo hecho por los diferentes organismos que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) es un buen ejemplo. Por lo que se refiere al resto de puntos, el retraso o la ineficacia de las medidas está siendo más que manifiesta.

El tema de la Reforma Rural Integral es una cuestión del todo clave, porque ahora mismo en Colombia la tierra está en manos de pocos terratenientes. No está titulada y cuando los camperoles se ven forzados a abandonar las posesiones, en no tener escritura, la pierden.

Durante la Brigada, pudimos ver cómo de verde está la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que debe impulsar planes de desarrollo alternativos para la sustitución de cultivos. Estos planes no se están construyendo conjuntamente con las comunidades, sino que se están imponiendo desde arriba sin conocer las condiciones particulares de cada territorio. Tal y como nos señalaban las personas campesinas, todos los programas tienen un enfoque asistencialista, y esto provoca que difícilmente puedan tener permanencia a medio y largo plazo. Además, como tampoco está llegando el dinero a las familias según la calendarización prevista, muchas de ellas se ven volcadas, de nuevo, a sembrar coca selva dentro. 

Un último aspecto que me gustaría comentar tiene que ver con el papel de la comunidad internacional en los Acuerdos de Paz. El año 2014, el gobierno colombiano suscribió un crédito externo de tipo programático de hasta 100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo Alemán para financiar la construcción de la paz y el posconflicto. Y el mismo año la Unión Europea, con la intermediación de España, anunciaba su compromiso de impulsar un fondo fiduciario que reuniría las contribuciones de los estados miembros, junto con los otros países extracomunitarios y, hasta entidades privadas. A continuación, se aprobaba el Programa de Cooperación con Colombia para el período 2014-2017, por cerca de 90 millones de dólares. De este presupuesto, el 80% se invertiría en desarrollo económico local y en soporte institucional, el 15% en comercio sostenible e inversión, y el 5% restante en soporte a otras iniciativas.

Pocos días antes de que empezáramos la Brigada de Solidaridad, el delegado de la Unión Europea para la Paz de Colombia, Eamon Gilmore, resaltaba el compromiso de Ivan Duque con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Y tres meses más tarde, en octubre de 2019, la Unión Europea tomaba la decisión de prorrogar cuatro años más el fondo destinado a dar soporte a la implementación del Acuerdo: 33,5 millones de euros más, que se sumaban a los casi 128 millones de euros financiados en proyectos anteriores. El nuevo importe iría destinado a dos nuevos proyectos orientados a promover el desarrollo rural integral y a dar soporte al proceso de reincorporación social y económico de ex guerrilleros y ex guerrilleras de las FARC.

Vista la implicación de la comunidad internacional en la implementación de los Acuerdos de Paz, toca exigir una rendición de cuentas a nuestros gobernantes, y en particular a la Unión Europea y al gobierno español. Porque no puede ser que sigan financiando el gobierno Duque a “fondo perdido” sin garantías de que el dinero invertido llegará a las comunidades campesinas y ex guerrilleras. En este sentido, es imprescindible la tarea que llevan a cabo entidades catalanas como la Associació Catalana per la Pau i IAP Action Peace en la construcción de la paz en Colombia, colaborando estrechamente con organizaciones locales de base campesina.

El conflicto en Colombia, un conflicto cronificado que no se acaba, ejemplifica de forma cruda y extrema las vergüenzas del capitalismo y el abuso de poder de una oligarquía3 que históricamente ha atacado frontalmente la clase campesina, desatendiendo sus responsabilidades en aquellas áreas rurales y periféricas que progresivamente se iban colonizando. Privandola de los derechos y de los servicios sociales esenciales, de las infraestructuras viarias más básicas sin las cuales resulta imposible desarrollar ningún tipo de actividad agraria, cediendo a los intereses económicos de las multinacionales extractivas y, finalmente, permitiendo el control del territorio a paramilitares y narcotraficantes.

 1 Llanos Orientales: colonización y conflictes interetnicos, 1870-1970. Augusto J. Gómez L. Instituto Colombiano de Antropología.

2 Personas civiles secuestradas y asesinadas por el ejército colombiano o mediante grupos paramilitares que actúan con complicidad o por tolerancia (omisión) del Estado, y posteriormente vestidas como guerrilleras por tal de hacerlas pasar oficialmente como bajas en combate.

3 Oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia: los casos de Medellín, Santa Marta y Muzo.

Texto y fotografías de Albert Oromí (Brigada Colombia 2019)