“Estamos viviendo un golpe de Estado (…), burlando la libertad popular expresada libremente” decía el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante su gira por Estados Unidos el mes de septiembre. Arévalo se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 60,91 % de los votos, en una jornada electoral tranquila, prácticamente sin incidentes. Una semana después de las elecciones, el 28 de agosto, el Ministerio Público (MP) promovió un intento de suspensión del partido de Arévalo, Movimiento Semilla, alegando anomalías en su inscripción el año 2017. Movimientos sociales contra el golpe de estado. Ante esta situación, los movimientos sociales del país se han movilizado para pedir la dimisión de los funcionarios que están intentando que Arévalo no tome posesión de su cargo. Durante el mes de octubre se produjo un “paro nacional indefinido” (huelga general indefinida) que ha colapsado el país.

El triunfo del Movimiento Semilla representa una oportunidad de cambio para el país, gran parte de la población guatemalteca tiene esperanzas para que esta victoria suponga un punto de inflexión. Arévalo y su partido quieren poner freno a la corrupción de las élites políticas del país, corrupción que se ha intensificado en las últimas décadas. Los movimientos sociales dan soporte a este proyecto porque puede crear las bases para solucionar los problemas estructurales del país.

En Guatemala hay una fuerte desigualdad en muchas áreas, hecho que condiciona enormemente el desarrollo de la vida de la mayoría de la población. A pesar de la riqueza natural, cultural y lingüística del país, el acceso a recursos esenciales y servicios básicos es muy limitado. La mayoría de los ingresos económicos y recursos se concentran en manos de unas pocas personas, lo cual restringe el acceso de la población a oportunidades económicas y recursos vitales.

La falta de un reparto equitativo de la riqueza del país condiciona mucho el acceso a la educación política, y eso es un grave problema para la consolidación de la democracia en Guatemala. La falta de comprensión de los procesos políticos y la historia política de Guatemala ha llevado a una visión simplista y partidista de la política en lugar de un análisis crítico. Este déficit de conocimiento dificulta la participación informada en elecciones locales y nacionales.

El sistema electoral en Guatemala históricamente ha marginado a las mayorías y se ha centrado en mantener a la gente alejada de las urnas, tal como afirman desde los movimientos sociales. Particularmente, denuncian que la participación política es altamente complicada, atendiendo que la población se encuentra con dificultades durante el proceso electoral y se observan vulneraciones en el ejercicio del derecho al voto. El desencantamiento con la política, la percepción de un estado fallido y la falta de candidatos adecuados habían llevado a una disminución en la participación.

En este contexto de gran complejidad, sorprenden especialmente los resultados de las últimas elecciones en Guatemala. Lo esperado por la mayoría de analistas políticos era que el partido continuista, Unidad Nacional de Esperanza (UNE), ganara las elecciones cómodamente en primera o segunda vuelta. En la primera vuelta la opción más elegida fue el voto nulo, mostrando el enorme descontento popular que había en el país. Ya en la segunda vuelta el partido centro-izquierda de Bernardo Arévalo fue capaz de capitalizar todo este descontento y ganar la presidencia de la república.

El principal motivo de la derrota del partido oficialista es la corrupción. Durante la última década se ha creado una red clientelista entre empresarios y el Estado que se ha ido solidificando. El intento que Bernardo Arévalo no sea el nuevo presidente de Guatemala es la cara visible de este entramado público-privado. Arévalo es visto por estas capas de la sociedad como un peligro para la pervivencia de esta corrupción sistemática.

Después de la derrota electoral del partido continuista, el MP, la Presidencia, la UNE y el sistema policial, conjuntamente con la Fundación Contra el Terrorismo, establecen un plan desestabilizador con el objetivo de desautorizar el partido de Semilla y así su triunfo electoral. El MP-Consuelo Porras y Rafael Curuquiche – en los últimos meses ha ejecutado una serie de acciones legales contra el proceso electoral, contra Semilla y contra los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral alegando irregularidades y fraude electoral. Todas estas acciones van en contra de lo que dicta el TSE rompiendo así lo que está escrito en la Constitución.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la suspensión provisional del partido Semilla, ordenada el 28 de agosto por Fredy Orellana, juez séptimo de la instancia penal. No obstante, la suspensión será revertida por los magistrados del TSE alegando inmunidad hasta la culminación oficial del proceso electoral, el 31 de octubre. A partir de esta fecha, cobra vigencia el fallo de agosto y en la actualidad el partido Movimiento Semilla está suspendido.

Desde entonces, los diputados en el Congreso han estado declarados independientes, lo cual, los limita a no poder presidir comisiones de trabajo y – si se extiende hasta el 14 de enero y Arévalo asume el gobierno – tampoco estarán facultados para integrar la Junta Directiva del Congreso. La cancelación del partido Semilla, no obstante, no tendría porqué impedir que los funcionarios electos tomen posesión el próximo 14 de enero.

Una guerra jurídica (lawfare) aún activa, ya que hay más acciones legales. Es el caso de la investigación abierta durante noviembre por el MP conocida como “Caso Toma de la Usac”, donde Semilla y el binomio Arévalo y Herrera, entre otros, se los acusa de perpetrar distintos delitos. La última acción más destacada ha tenido lugar en el mes de diciembre, dónde recientemente el fiscal Curruchiche ha propuesto declarar “nulas de pleno derecho” las elecciones presidenciales, por supuestas “anomalías de las actas”.

A raíz de todo esto, se iniciaban en octubre una serie de movilizaciones ciudadanas convocadas por 48 cantones de Totonicapán, autoridades indígenas de la región de Sololá con mucha fuerza en el país, convocando un paro nacional y generando la paralización de la actividad económica, educativa e institucional del país. Las principales demandas del paro nacional se basaban en la renuncia de la Fiscal general Consuelo Porras como principal responsable de las acciones de deslegitimación. Debido a las dificultades en las negociaciones con el gobierno actual, el paro se desconvocó al cabo de un mes. El movimiento social continúa dando apoyo a los resultados electorales ante el intento de golpe de Estado.

Ante este escenario, desde los movimientos sociales destacan también la presencia y el apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) ha acompañado el paro, ha pedido el respeto del proceso electoral y ha condenado las intenciones del MP de la nulidad de las elecciones como un intento de golpe de Estado. También la Unión Europea ha fortalecido su presencia y ha emitido comunicados pidiendo que se reconozcan los resultados electorales y que se mantenga el Estado de derecho.

Desde los movimientos sociales, entienden que en Guatemala  se está volviendo a la conciencia ciudadana crítica de la realidad del país y observan a Semilla como una oportunidad para hacer un salto cualitativo  y crear una ciudadanía pensante, activa, sensible y solidaria. Este despertar político de la ciudadanía se ha visto representado también con la fuerza que ha tenido el paro en el país. En estos meses, Guatemala ha demostrado que la  ciudadanía está más activa, más comprometida y más militante. Guatemala ya no volverá a ser igual en los próximos procesos electorales. Hay un rayo de esperanza de que puedan surgir cambios en la política guatemalteca, cambios estructurales en el país.

Texto y fotografías de Margalida Ferrer Pons, Natàlia Pelegrí Orduña, Laura Fernández Trenzano y Jaume Gil Pujol (Brigada Guatemala 2023)