Cuando el pasado mes de mayo decidimos formar parte de la Brigada Internacional de la Associació Catalana per la Pau, conjuntamente con el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, todas seis integrantes de la brigada empezamos a leer sobre las vulneraciones de los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas de México, en concreto en el Estado de Oaxaca.

Paralelamente a esta lectura, era imposible no captar el importante momento histórico que estaba viviendo el país: el 1 de julio se realizaban elecciones nacionales, y el proceso electoral estaba rodeado de una situación extrema violencia. Hasta 130 políticos fueron asesinados durante la campaña electoral (45 de los cuales eran candidatos, y 18 de los cuales lo eran en el Estado de Oaxaca), se perpetraron 351 asesinatos contra funcionarios de la administración, y se registraron hasta 564 agresiones a políticos. Esta ola de violencia provocó que más de 200 políticos, principalmente partidos opositores, renunciaran a su candidatura.

Se trataba, pues, de unas elecciones históricas, donde se preveía una amplia victoria de Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Por primera vez en la historia de México, desde hacía 70 años podía ganar un partido de la izquierda.

Estas elecciones coincidian también con uno de los momentos más tensos de la guerra del gobierno contra el narcotráfico, iniciada en el 2006, y con un amplio descontento social en relación con las agresivas políticas neoliberales llevadas a cabo en las dos legislaturas del gobierno de Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional, PRI): privatización de la educación, concesión de territorio mexicano en empresas transnacionales, encarecimiento del petróleo a niveles nunca vistos, elevados índices de corrupción, fuerte represión a opositores políticos, y paramilitarización del territorio nacional.

El 2 de julio, un mes antes de nuestra llegada a México, se conoció la victoria de López Obrador y, por tanto, el giro a la izquierda del gobierno mexicano. La victoria fue contundente: López Obrador fue el candidato más votado a 31 de los 32 estados mexicanos, superando el 50 % de los votos en veinte estados, y consiguiendo el 53 % de los votos en el escrutinio final. Se dio el récord en asistencia de voto en unas elecciones nacionales, una participación del 63,44 %, a pesar del espiral de violencia en el proceso electoral.

En lo que se refiere a nuestra estancia en Oaxaca, acogidos por el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos y el Comité de Defensa de los Pueblos (CODEP), nos permitió la visita a un buen número de comunidades indígenas de todo el Estado, conociendo y escuchando sus problemáticas, a través de las cuales pudimos constatar diferentes hechos:

En primer lugar, la situación de abandono de las comunidades indígenas, por parte del gobierno mexicano, provocando graves situaciones de aislamiento, falta de inversión en vías de comunicación y carencia de infraestructuras sociales, sanitarias y educativas, Como, por ejemplo, las observadas en las comunidades de Santa Caterina de Xanaguia, y compartidas por muchas otras comunidades de la Sierra Sur. Este contexto obliga a la población local a organizarse para exigir sus derechos, así como autogestionarse para dar respuesta a las necesidades olvidadas por el gobierno estatal.

Para captar la gravedad de estos hechos, es importante conocer las características de la población de Oaxaca, donde los indígenas representan el 65 % de la población, y donde hasta 428 municipios, de los 570 que hay en el estado, se rigen por el sistema indígena tradicional de ‘usos y costumbres’, nombrando sus autoridades municipales a través de asambleas, a pulso, y enfrente del sistema de partidos.

En segundo lugar, constatamos la flagrante vulneración de derechos humanos en comunidades como Guadalupe Nuevo Tenochtitlan, San Isidro de Vista Hermosa u Ojite Cuauhtémoc. Escuchamos aterradores testimonios de víctimas de desplazamientos forzosos, agresiones y asesinatos por parte de grupos paramilitares. Así como la falta de reconocimiento por parte del gobierno estatal a las autoridades locales escogidas libremente por las comunidades, a través del sistema de ‘usos y costumbres’. Paralelamente, convivimos con activistas y líderes de la defensa de los derechos humanos, que sufren desde hace años una constante situación de persecución y amenazas.

Constatamos también la total impunidad de estos crímenes cometidos por organizaciones paramilitares, principalmente por la organización Antorcha Campesina, y resguardados o promovidos de forma más o menos directa por el mismo gobierno estatal y nacional.0

Estas agresiones no se pueden entender como casuales o aisladas, sino que responden a la confrontación directa entre el modelo de vida organizativo de las comunidades indígenas, su lucha por el territorio y por el poder popular, frente a los intereses neoliberales del entonces vigente gobierno del PRI, y de los anteriores gobiernos, también neoliberales.

Hace falta tener en cuenta que desde el 2009 se han concesionado hasta 950 proyectos de minería a empresas internacionales en México, aparte de otros proyectos hidroeléctricos y eólicos. Solo en el estado de Oaxaca, se ha concesionado el 25% del territorio a proyectos mineros internacionales, en zonas donde vive un gran número de comunidades indígenas, con el consecuente impacto medioambiental y un gran número de desplazamientos forzosos. 

Homenaje a las personas asesinadas durante la masacre de Nochixtlán | Foto de Mercè Navarro

En todas las comunidades visitadas, percibimos la sensación de esperanza ante la toma de posesión de la presidencia de López Obrador, el siguiente 1 de diciembre de 2018. Muchas de sus promesas electorales estaban relacionadas con el retorno de la soberanía nacional al pueblo mexicano, destacando medidas como la persecución de la autosuficiencia energética, la atención médica universal, la revisión de la reforma educativa vigente en favor de la educación pública y gratuita, la autonomía del Banco Mexicano, o la revisión de la reforma energética, que había permitido la entrada a la inversión privada extranjera.

Aun así, las organizaciones sociales eran a la vez muy cautas, asegurando un aumento de la violencia, como estrategia para perpetuar los intereses y privilegios del vigente partido dirigente, antes de la entrada del nuevo gobierno.

Seis meses después de las elecciones y un mes después de la toma de posesión del presidente López Obrador, el contexto de violencia no ha cesado. Un seguido de noticias pone de manifiesto el elevado contexto de violencia contra las comunidades indígenas, contra defensores de los derechos humanos, y sobre políticos del partido gobernante. Así pues, desde Barcelona, queremos sumarnos a la denuncia del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos por lo que a los últimos asesinatos y agresiones se refiere: los cinco asesinatos perpetrados contra dirigentes de Morena. El último, producido contra Alejandro Aparicio, presidente municipal de Tlaxiaco, el pasado 1 de enero, un día más tarde que jurara su cargo.

Las constantes agresiones a integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos (CODEP) en la ciudad de Tlaxiaco, siendo la última el pasado 19 de diciembre de 2018.

Texto de Sílvia Reyes (Brigada México 2018)