Voces brigadistas
Desplazados con nombre
24 de noviembre de 2016, Teatro Colón, Bogotá, se firmaba el acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado más largo del continente americano. Desde 1964 las FARC-EP y el Estado colombiano han mantenido un enfrentamiento militar que ha dejado millones de víctimas. Detrás de esta firma quedan millones de personas desplazadas, miles desaparecidas, miles muertas y una historia detrás de todas ellas.
Nos situamos en Charras, un pueblo de unas 60 familias. Solo hay una calle con casas de madera a los lados al más puro estilo western. Este pequeño poblado, aislado, donde apenas llega la luz fue testimonio directo de la crudeza del conflicto colombiano. “Charras no existe” titulaba el 2003 el diario colombiano El Tiempo. Este titular reflejaba gráficamente el desplazamiento forzado que sufrieron todos los habitantes del pueblo entre 2002 y 2003. Poco más de 250 personas tuvieron que huir de los combates entre ejército, paramilitares y FARC-EP. Estas últimas colocaron minas antipersona por todo el pueblo porque nadie pudiera ocuparlo.
En Colombia hay más de 6 millones de desplazados internos según las cifras del ACNUR. Se debe entender el “desplazado” como aquella persona que es obligada a dejar su hogar, ya que su derecho a la vida no está garantizado. Colombia, un estado que se define como una república democrática, es el segundo país del mundo con más desplazados. Siria es el único país que le supera con más de 7,6 millones de personas que han huido de sus hogares, país sumido en una guerra civil desde el 2011.
El desplazamiento forzado ha sucedido en muchas regiones del país, pero no todas lo han sufrido con la misma intensidad. Tal como relata la antropóloga y politóloga de la Universidad de Antioquia, Medellín, Gloria Naranjo Giraldo, “dadas las diferencias regionales y las dinámicas bélicas de la guerra en Colombia, los desplazamientos no son simultáneos en las regiones y se presentan destiempos muy marcados”. Así todo, hay motivos comunes en la expulsión de la población: “las presiones por la tierra, los intereses que van surgiendo alrededor de los megaproyectos del estado, la lucha por el control sobre zonas ricas en metales preciosos y productos energéticos o por territorios donde se cosechan plantas alucinógenas”.
Charras ha sido una población dominada históricamente por las FARC-EP. “El Estado nunca se ha preocupado por nosotros, por eso no nos parecía mal que las FARC abriesen trocha (construir caminos)”, relata una habitante de Charras. Este es uno de los muchos testimonios que manifiestan que el abandono del estado provocó que las FARC-EP se convirtiesen en un “gobierno de facto” en la región. Ya que como cuentan los mismos exguerrilleros ofrecían los servicios básicos del Estado, como agua, salud y seguridad. Actualmente, el pueblo tiene a menos de cinco minutos un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación donde las FARC-EP están haciendo su paso a la vida civil.
El arraigo de la guerrilla en el territorio provocó la aparición de grupos paramilitares. Estos grupos armados al margen de la ley han sido utilizados por el Estado y sus poderes fácticos a la hora de combatir por todos los medios de la guerrilla. Varias sentencias judiciales han demostrado los vínculos entre estas organizaciones armadas con militares, policía, políticos y empresarios. Tal como dice el periodista y experto en el conflicto colombiano, Alfredo Moreno, “el paramilitarismo es un arma recurrente de la extrema derecha”.
El año 2007 la población de Charras comenzó a volver poco a poco, muchos porque no encontraron una vida mejor fuera. Naciones Unidas es una misión el año 2013 manifiesta que este retorno se produjo sin la asistencia del gobierno, en un entorno donde había una alta presencia guerrillera y paramilitar. El informe recomendaba con énfasis tres intervenciones básicas: la construcción de un internado, la reparación del tanque de agua, y dotar a la comunidad de un centro de salud.
Pocas de las recomendaciones de las Naciones Unidas se han completado, actualmente la comunidad usa casi siempre los servicios médicos de la zona donde están los guerrilleros de las FARC-EP. El internado se ha construido, aunque no fue lo esperado. “El gobierno no nos construyó casi nada, tuvimos que suprimir una clase y colocar las literas”, se queja una de las maestras de la escuela, Marcela Salazar. “Tampoco tenemos duchas ni donde lavar la ropa. Lo poco que tenemos es gracias al hecho de que los alumnos lo han construido”.
La falta de inversión estatal ha provocado que “algunos alumnos dejen de venir”, agravando aún más la situación del analfabetismo de la región. Desde la escuela invitan a todos a ir a ver su realidad, especialmente a los políticos y piden que cumplan sus promesas. “Por aquí ha venido mucha gente, miran y miran, pero todo sigue igual”, me cuenta un alumno de unos 15 años. Alumno que ha vivido con intensidad el conflicto, con 13 años tuvo que ayudar a cargar los muertos de una matanza en su pueblo y ver como los perros se comían cuerpos muertos de paramilitares que nadie quería enterrar. Además de huir de clase cuando había combates entre las FARC-EP y los paramilitares.
Hoy en día para llegar a Charras desde la capital de la región, San José de Guaviare situado a 106 km, se tarda más de cuatro horas, a través de una carretera terciaria, buena parte construida por las FARC, según aseguran excombatientes y habitantes. Una vez superas miles de hoyos, llegas a un pueblo que no parece haber huido en masa 15 años atrás. Hay varios bares donde se respira un ambiente agradable, gente jugando al billar, tomando cerveza, riendo, mirando la televisión, hasta hay un músico que ameniza la tarde. Gente afable y risueña te recibe, te invita a unirte a ellos y te regala una cerveza. Cuando hablas con ellos la realidad aparece delante de tus ojos.
“Aquí, en esta antena de televisión, los paramilitares mataron a uno de mis hijos”, dice Don Claudio tumbado a diez metros de la antena. Un hombre de unos 70 años mal llevados, hombre que es víctima viva del conflicto colombiano. El año 1957 fue desplazado de Tolima, el 1983 de Magdalena Medio, y “el 1977 la fuerza pública, camuflada de paramilitares me echaron otra vez de mi casa”. Este mismo grupo fue el responsable de varias masacres en la región, según él. El último desplazamiento lo sufrió el 2002 y se dirigió a Bogotá. Donde no encontró fortuna y tuvo que volver a Charras. “Cada desplazamiento nos obligó a empezar de nuevo, cada vez que teníamos dos vacas nos teníamos que ir y dejarlo todo atrás”. Aunque tal como dice Jorge Caballero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Charras, “un bien material se puede recuperar, pero un ser amado no se podrá recuperar nunca”.
El Centro Nacional de Memoria Histórica en 2016 publicó un informe donde decía que entre 1970 y 2015 se habían producido más de 60.000 desaparecidos forzados, tres personas por día. Esto sitúa a Colombia por encima de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Todas estas dictaduras juntas tuvieron la mitad de desaparecidos, según los datos del proyecto Desaparecidos. Los asesinatos documentados en Colombia se elevan hasta la cifra de 220.000 personas desde 1955, según un informe del mismo Centro Nacional, el año 2013. El periodista y experto en el conflicto colombiano, Alfredo Molano, explica así la tragedia: “En Colombia casi todo campesino puede decir que algún familiar fue asesinado por la fuerza pública, por los paramilitares o por las guerrillas”.
Las víctimas del conflicto han sido un punto importante de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el gobierno. Además de ayudas económicas, los acuerdos recogen una serie de leyes y la creación de instituciones que permitan aclarar los hechos en estos más de 50 años de conflicto. La idea es condenar a todos los responsables de crímenes contra la humanidad, y a la vez obtener toda la información posible sobre estos crímenes para reparar a las víctimas.
Las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos están disconformes con el proyecto de reparación de víctimas. “Hay dudas sobre la voluntad real del gobierno para que se esclarezca la verdad, ya que hay muchos políticos, militares y empresarios involucrados” cuestiona un defensor de los derechos humanos en Colombia. Desde 2011 hay una ley para satisfacer a las víctimas y no se está llevando a cabo, según varias voces del movimiento social. En los presupuestos del Estado colombiano de 2017 por cada peso invertido en víctimas se invierten 30 en la fuerza pública. Por ahora, el hecho más palpable para los civiles es que “ya no se escuchan ni se oyen los bombardeos”.
Texto de Jaume Gil Pujol (Brigada Colombia 2017)
